La Ley de Segunda Oportunidad existe en España desde 2015 y, tras la reforma concursal de 2022, se ha convertido en una herramienta realmente útil para liberarse de deudas que ya no se pueden pagar. Permite a particulares y autónomos cancelar judicialmente la totalidad o gran parte de sus deudas, siempre que actúen de buena fe.
El problema es que muy poca gente sabe que existe — y cuando se entera, suele acudir a "empresas" que se anuncian agresivamente en televisión, cobran por adelantado y dejan el caso a medias. No somos eso. Aquí lo lleva un abogado colegiado de principio a fin, con responsabilidad civil profesional y deber deontológico ante el ICACOR.
Qué deudas se pueden cancelar
- Préstamos personales con bancos y financieras
- Tarjetas de crédito y revolving
- Microcréditos rápidos y deudas con plataformas online
- Deudas comerciales con proveedores (en caso de autónomos)
- Avales firmados que se han ejecutado contra usted
- Hasta diez mil euros de deuda pública (Hacienda y Seguridad Social), con la reforma de 2022
- Deudas con particulares debidamente acreditadas
Qué requisitos exige la ley
Para acogerse a la Segunda Oportunidad, hay que cumplir esencialmente tres condiciones: ser deudor de buena fe (no haber actuado con fraude), no haber sido condenado por determinados delitos económicos en los últimos diez años, y no haber utilizado este mecanismo en los cinco años anteriores. No es necesario haber llegado a una situación de pobreza extrema — basta con demostrar que la deuda es objetivamente impagable con los ingresos actuales.
Cuánto dura el procedimiento
Desde que reunimos la documentación hasta que se obtiene la exoneración judicial suele transcurrir entre seis y doce meses. Durante ese tiempo se paralizan los embargos y los acreedores dejan de poder reclamar directamente. Al finalizar, el juez dicta el auto de exoneración del pasivo insatisfecho — y desde ese momento las deudas exoneradas dejan de existir legalmente.
Si está en una situación financiera asfixiante, antes de seguir pagando intereses que no llevan a ninguna parte, llámenos. Estudiamos su caso sin coste y le decimos con franqueza si la ley puede ayudarle o no. Si no puede, también lo decimos.